Zuloaga, Alvarez Paz, Granier: una disidencia intolerable para el gobierno revolucionario es castigada con la muerte civil o con la muerte económica.
La prensa mundial se hizo eco del atropello sufrido ayer por Guillermo Zuloaga, Presidente de Globovisión, al tener que enfrentar una medida privativa de libertad, injusta e inconstitucional, y una prohibición de salida del país que se origina en el malestar del gobierno revolucionario del Presidente Hugo Chavez por haber expresado públicamente sus opiniones, opiniones que, evidentemente, no le lanzaban flores al gobierno.
Otro tanto está enfrentando Oswaldo Alvarez Paz, un luchador valiente de las filas de la oposición, ex candidato presidencial y ex gobernador del Zulia quien igualmente tuvo la osadía de manifestar opiniones personales que fueron consideradas lesivas a los intereses de la patria, léase de la revolución bolivariana que nos gobierna. Ambos lideres de la política y del empresariado local se encuentran en la actualidad encarcelados por el delito de expresar sus ideas y porque las opiniones vertidas no son del agrado del gobierno.
La prensa internacional que ha cubierto profusamente estas tropelías no se pregunta el porqué de estos desafueros y de otros como la asfixia económica a la que ha sido sometido el canal televisivo RCTV por parte de las autoridades de telecomunicaciones venezolanas. En este último caso, el propósito del gobierno era el de conseguir el silencio del canal de Marcel Granier que se ha distinguido por su posición critica a la gestión chavista. Esto, unido al gigantesco caudal de usuarios que a diario se plantan frente al televisor a entretenerse con su programación eran una piedra demasiado gruesa de tragar para un régimen que no tolera otra posición que la propia.
La prensa internacional también sabe que si a Alvarez Paz y a Zuloaga se les humilla y veja con la privación de su libertad y se les somete al escarnio público en juicios de instigación al desorden y por traición a la Patria, a Marcel Granier se le despoja de toda posibilidad de sobrevivir económicamente.
Hoy las paginas de El Tiempo de Bogotá, El Espectador y el Colombiano, periódicos todos de Colombia reseñan el atropello. Lo mismo hace el diario Reforma y El Universal de México. Los periódicos El País, el ABC, La Vanguardia de la Madre Patria relatan los hechos en contra del político Álvarez Paz y el empresario Zuloaga y opinan sobre ellos. El Miami Herald, el New York Times, el Washington Post, todos americanos, presentan las sanciones impuestas a quienes se atreven a expresarse y no se queda atrás La Nación de Argentina, ni el Comercio de Lima, La Fohla de Sao Paulo o el Heraldo de Honduras. Y no tengo espacio para mencionar más.
También La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, para convertir en delito la protesta social pacífica y para perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela. Esta instancia de la OEA también incluyó en su análisis el caso de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien por cumplir con su deber se encuentra privada de libertad imputada por el Ministerio público en un retén judicial donde la han amenazado con quemarla viva
Mientras esto ocurre, personajes de calibre internacional como Jorge Noriega, ex secretario de Estado para el Hemisferio Occidental usó su presencia en columnas de los medios de su país para deplorar la pobre democracia que vive Venezuela por la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político y por la criminalización de los defensores de los Derechos Humanos y el castigo de la protesta social.
En el exterior hay preocupación por la tendencia cada vez mas acentuada para identificar a personas críticas del gobierno como delincuentes para sentenciarlos y aislarlos de la sociedad. Esta actuación está calcada de Cuba, quien por medio siglo ha hecho lo mismo para acallar las voces que no se pliegan a su régimen. Si alguien se preguntó a que vino Ramiro Valdez en Venezuela ,el ministro cubano mas versado en represión, ha encontrado en estos hechos una respuesta contundente.
Otro tanto está enfrentando Oswaldo Alvarez Paz, un luchador valiente de las filas de la oposición, ex candidato presidencial y ex gobernador del Zulia quien igualmente tuvo la osadía de manifestar opiniones personales que fueron consideradas lesivas a los intereses de la patria, léase de la revolución bolivariana que nos gobierna. Ambos lideres de la política y del empresariado local se encuentran en la actualidad encarcelados por el delito de expresar sus ideas y porque las opiniones vertidas no son del agrado del gobierno.
La prensa internacional que ha cubierto profusamente estas tropelías no se pregunta el porqué de estos desafueros y de otros como la asfixia económica a la que ha sido sometido el canal televisivo RCTV por parte de las autoridades de telecomunicaciones venezolanas. En este último caso, el propósito del gobierno era el de conseguir el silencio del canal de Marcel Granier que se ha distinguido por su posición critica a la gestión chavista. Esto, unido al gigantesco caudal de usuarios que a diario se plantan frente al televisor a entretenerse con su programación eran una piedra demasiado gruesa de tragar para un régimen que no tolera otra posición que la propia.
La prensa internacional también sabe que si a Alvarez Paz y a Zuloaga se les humilla y veja con la privación de su libertad y se les somete al escarnio público en juicios de instigación al desorden y por traición a la Patria, a Marcel Granier se le despoja de toda posibilidad de sobrevivir económicamente.
Hoy las paginas de El Tiempo de Bogotá, El Espectador y el Colombiano, periódicos todos de Colombia reseñan el atropello. Lo mismo hace el diario Reforma y El Universal de México. Los periódicos El País, el ABC, La Vanguardia de la Madre Patria relatan los hechos en contra del político Álvarez Paz y el empresario Zuloaga y opinan sobre ellos. El Miami Herald, el New York Times, el Washington Post, todos americanos, presentan las sanciones impuestas a quienes se atreven a expresarse y no se queda atrás La Nación de Argentina, ni el Comercio de Lima, La Fohla de Sao Paulo o el Heraldo de Honduras. Y no tengo espacio para mencionar más.
También La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, para convertir en delito la protesta social pacífica y para perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela. Esta instancia de la OEA también incluyó en su análisis el caso de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien por cumplir con su deber se encuentra privada de libertad imputada por el Ministerio público en un retén judicial donde la han amenazado con quemarla viva
Mientras esto ocurre, personajes de calibre internacional como Jorge Noriega, ex secretario de Estado para el Hemisferio Occidental usó su presencia en columnas de los medios de su país para deplorar la pobre democracia que vive Venezuela por la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político y por la criminalización de los defensores de los Derechos Humanos y el castigo de la protesta social.
En el exterior hay preocupación por la tendencia cada vez mas acentuada para identificar a personas críticas del gobierno como delincuentes para sentenciarlos y aislarlos de la sociedad. Esta actuación está calcada de Cuba, quien por medio siglo ha hecho lo mismo para acallar las voces que no se pliegan a su régimen. Si alguien se preguntó a que vino Ramiro Valdez en Venezuela ,el ministro cubano mas versado en represión, ha encontrado en estos hechos una respuesta contundente.
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