BARBAS EN REMOJO

Tres plantas generadoras de electricidad de construyen en Venezuela con fondos chinos

El endeudamiento de Venezuela con la nación china ya alcanza 32.000 millones de dólares de acuerdo a lo señalado por PDVSA con ocasión de la adición de 4.000 millones de dólares al Fondo Conjunto Chino Venezolano, la semana pasada. El destino del FCCV, constituido en el año 2008 en el marco de la alianza estratégica entre los dos países, ha sido el apalancamiento de 69 proyectos que van desde la adquisición de fincas agropecuarias, fabricas socialistas de equipos de refrigeración, industrias de ensamblaje de teléfonos, ingenios azucareros, instalación de viviendas de interés social, rehabilitación y adecuación de vías férreas para transporte de producciones agrícolas, plantas de generación termoeléctrica y pare de contar. Sobre el avance de estos proyectos es poco lo que se puede saber por la falta de transparencia del sistema de rendición de cuentas que impera en relación con las acciones del Ejecutivo venezolano. Ni hablar del inexistente interés chino de poner a disposición del público, información sobre los altos niveles de vulnerabilidad para Venezuela que envuelve cada uno de los convenios bilaterales firmados con el gobierno.


Lo primero que hay que decir es que buena parte de la deuda con China va a ser cancelada con crudo o derivados venezolanos bajo una fórmula de precios petroleros también inextricable. De hecho los 100 millones de barriles diarios que a esta fecha PDVSA les entrega a los asiáticos, constituyen pagos parciales de los empréstitos contratados. Este volumen iría incrementándose en el tiempo hasta que 500 millones de barriles diarios sean suministrados por Venezuela en pago de las acreencias.

Sin duda que China ha encontrado un importante filón en Venezuela para hacerse de manera fácil, inmediata y barata de la energía petrolera de la que está ese país sediento. Solo que China se ha comprado con estos convenios “revolucionarios” una buena cantidad de problemas presentes y futuros.

Entre los presentes hay que decir que la casi totalidad de los proyectos que han iniciado en conjunto con los venezolanos llevan importantes niveles de retraso en ejecución y en financiamiento, presentan sustantivos problemas con el manejo del personal local y los sindicatos, y no han podido recabar un “par y paso” eficiente de aporte de recursos de los dos socios, todo lo que genera incumplimientos o abandono de obras.

La opinión de los economistas es que los chinos deberían preocuparse, más que por el futuro de estos proyectos, por la capacidad venezolana de honrar adecuadamente sus deudas, tanto las que se denominen en barriles de petróleo como las dimensionadas en yuanes y dólares. No es un secreto que la capacidad de pago de PDVSA se está viendo muy mermada por la caída en la producción de crudo y que sus deudas actuales alcanzan cifras astronómicas: 35.000 millones de dólares.

Otro dolor de cabeza de mayor calibre es la cuestionada legalidad de los endeudamientos contratados por el Estado venezolano con la República Popular China, cuya letra no parece haber recibido las autorizaciones de rigor. Ante un posible cambio de gobierno previsto para inicios del año 2013, los chinos se encontrarían en situación de minusvalía si hubieran sido poco vigilantes o cómplices del montaje de deudas consideradas en el futuro como lesivas a los intereses de la patria venezolana.